
La Contraloría General de la República detectó irregularidades en 1.090 títulos académicos correspondientes a 1.082 funcionarios públicos de 35 instituciones del Estado. Ante estos hallazgos, presentó una denuncia ante el Ministerio Público para investigar posibles responsabilidades penales.
El informe preliminar señala que varios títulos no cuentan con respaldo en los registros de las instituciones educativas consultadas. También se identificaron 877 ofertas académicas sin acreditación vigente, de las cuales 184 corresponden al área de salud.