
La Justicia resolvió que el Estado paraguayo deberá pagar una indemnización superior a G. 2.000 millones por un accidente fatal, al considerar que el mal estado de la ruta habría sido un factor determinante en el hecho.
En el fallo se señala que el Estado tiene la responsabilidad de mantener las carreteras en condiciones seguras y no puede atribuir toda la responsabilidad al conductor cuando existen deficiencias en la vía.