
Un informe de la Contraloría General de la República pone nuevamente al IPS en el centro de los cuestionamientos por su manejo administrativo y financiero.
Entre los hallazgos aparece un dato alarmante: más de G. 50.000 millones habrían sido pagados a más de 11.000 jubilados ya fallecidos, según los datos expuestos por el organismo de control.
La auditoría también advierte sobre deudas históricas, problemas financieros, inconsistencias en el manejo de medicamentos y millonarios recursos comprometidos.
El contralor Camilo Benítez calificó al IPS como “la institución más desordenada” del Estado, en medio de una serie de observaciones que vuelven a poner bajo cuestionamiento la administración de la previsional.