Un juez denunció la existencia de un esquema de corrupción judicial, revelando que del teléfono de Lalo Gómez se extrajeron datos que evidencian pruebas de corrupción pública.
Las filtraciones involucran a varios jueces y fiscales, quienes estarían implicados en manipulaciones de casos, tráfico de influencias y otros hechos irregulares dentro del sistema judicial.